El Estado colombiano mostró su absoluta indiferencia ante la situación de las víctimas civiles del conflicto armado en el Chocó al no asistir al Foro “Bojayá, una década” celebrado en Bogotá ayer 27 de abril, en el Museo Nacional. Tan sólo la Unidad de Víctimas se sentó en la mesa con víctimas y organizaciones. Ni la Defensoría del Pueblo, ni diversos ministerios invitados a la cita quisieron participar en un encuentro diseñado para analizar la situación del municipio chocoano 10 años después del crimen de guerra cometido el 2 de mayo de 2002.
Por ello, las organizaciones que convocaron el Foro (Diócesis de Quibdó, Comité Dos de Mayo, la Asociación Dos de Mayo, la Fundación Universitaria Claretiana y Human Rights Everywhere) instan a los altos funcionarios de Gobierno a viajar a Bellavista (cabecera del municipio de Bojayá) estos 1 y 2 de mayo para participar con propuestas concretas en la Mesa de Concertación convocada por las comunidades.
Tal y como se señaló en el Foro Bojayá, una década, Bojayá sigue esperando 10 años después de la masacre una restitución integral de sus derechos y un proceso de justicia que haga efectivas las sentencias y determine no sólo los responsables materiales del crimen de guerra sino las perversas conexiones entre política, economía y violencia armada que propiciaron el crimen de guerra y que siguen azotando a las comunidades del río Atrato.
El Comité 2 de Mayo de víctimas de Bojayá recordó ayer que hoy todavía hay casi 2.500 desplazados de la comunidad que no han regresado a casa, llamó la atención sobre los graves las secuelas físicas y psicológicas que han modificado la vida en estas comunidades para siempre, y alertó sobre el nuevo perfil del conflicto y las amenazas que éste supone para la vida de las personas. “Las víctimas no somos el problema, somos parte de la solución, somos parte de la construcción de un país incluyente y respetuoso con los derechos individuales y colectivos”, dijo en el Foro Herlyn Palacios, del Comité 2 de Mayo.
En El Foro Bojayá, una década, la Unidad de Víctimas del Gobierno Nacional habló de un proceso innovador y prioritario para la “restitución colectiva” en Bojayá, pero no especificó el cómo ni el cuándo. 10 años después, tal y como señaló en el Foro la Diócesis de Quibdó, “las comunidades siguen siendo militarizadas, sufriendo los estragos del desplazamiento forzado, confinadas, con serios problemas alimentarios y riesgo permanente de nuevos desplazamientos, sin empleo, sin acceso a educación de calidad, sin estructuras ni acceso a la salud…”.
Por esa razón, además de participar en los actos de conmemoración y hacerse la foto de rigor, las autoridades están obligadas a responder con seriedad y respeto a los reclamos de las víctimas y, en general, al grito de justicia del Atrato.
Firman:
Diócesis de Quibdó
Fundación Universitaria Claretiana
Human Rights Everywhere
