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Frente al olvido, Bojayá vive

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La cicatriz es indeleble. El olvido logra profundizarla cada día, cada año, cada conmemoración del crimen de guerra que asoló Bellavista (Bojayá, Chocó, Colombia) el 2 de mayo de 2002.

Un día como hoy, cada año, algún diario publica un reportaje constatando que nada va bien; las víctimas y, en general, las personas que habitan el Medio Atrato reclaman verdad, justicia y reparación; las organizaciones se lamentan de los discursos vacíos y las promesas ajadas de políticos locales, departamentales y nacionales…

En 2012, con motivo de los 10 años del crimen de guerra que dejo 79 víctimas mortales y miles de damnificados con secuelas de por vida, las comunidades exigieron respeto y atención al Gobierno de Colombia. Una vez más, fueron despreciados, confortados con discursos y migajas.

Hoy, las personas que trabajamos desde el colectivo HREV nos solidarizamos una vez más con las compañeras y compañeros del Medio Atrato, denunciamos UNA VEZ MÁS la política racial, violenta, extractivista y antidemocrática del Estado colombiano y de sus agentes y pedimos a los organismos internacionales que no sigan consintiendo esta violación sistemática de los derechos humanos individuales y colectivos, así como de los derechos territoriales de los pueblos originarios y afrodescendientes de Bojayá, del Atrato y de Colombia en general. Cada concesión que hacen los organismos internacionales con el Estado de Colombia es una losa más para la dura carga de olvido y exclusión de las comunidades. Como dijimos hace un año: “Ha pasado el 2 de mayo y todo ha quedado más claro: el compromiso de las comunidades con la memoria y con la construcción de alternativas; la desidia y el desprecio oficial; la falta de compromiso del Estado con la Justicia y la Restitución para las comunidades afrodescendientes e indígenas del municipio de Bojayá y del Medio Atrato…”.

Bojayá vive, su memoria perdura.

 

HREV, 02 de mayo de 2013

 

Las comunidades del Medio Atrato irán a Bogotá

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El último boletín generado desde Bellavista (Bojayá) muestra el enfado con el Gobierno Central de Colombia de las comunidades negras e indígenas del Medio Atrato (Bojayá, Vigía del Fuerte. Murindó, Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí).

Las comunidades habían citado al Ejecutivo a una Mesa de Concertación el pasado 1 de mayo en el marco de la conmemoración de los 10 años del crimen de guerra de Bojayá. Unos días antes, el 27 de abril, las representantes de la Unidad de Víctimas del Gobierno anunciaron en Bogotá que “Bojayá será un ejemplo histórico de restitución colectiva de los derechos”. La “prioridad” dialéctica se tradujo en una ausencia oficial el 1 de mayo y en una presencia menguada de funcionarios de segunda fila ayer 2 de mayo, cuando las comunidades celebraban en la intimidad rituales de memoria y recuerdo a las 79 víctimas de quel crimen de Estado.

La reunión fue frustrante ante la falta de autoridad de los funcionarios que no pueden atender los compromisos pendientes del Estado con el medio Atrato (ver la lista de exigencias comunitarias en base a los acuerdos con el Gobierno Lista). Miembros de la comunidad hacían llegar ayer un mensaje breve pero contundente: “Es triste verdaderamente, el abandono por parte del Estada en esta conmemoración, que ratifica la falta de interés en el tema social para las víctimas en el Chocó”.

La Mesa de Concertación “se abortó por la ausencia de funcionarios de alto nivel” y, por ello, las gentes del Medio Atrato se declaran “en asamblea permanente” y, en los próximos días, “delegados de estas comunidades se movilizarán hasta Bogotá en procura de adelantar el proceso de Concertación directamente con el presidente [Juan Manuel] Santos y sus ministros”.

Ante la indiferencia oficial, instan al Gobierno a responder a Bojayá

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El Estado colombiano mostró su absoluta indiferencia ante la situación de las víctimas civiles del conflicto armado en el Chocó al no asistir al  Foro “Bojayá, una década” celebrado en Bogotá ayer 27 de abril, en el Museo Nacional. Tan sólo la Unidad de Víctimas se sentó en la mesa con víctimas y organizaciones. Ni la Defensoría del Pueblo, ni diversos ministerios invitados a la cita quisieron participar en un encuentro diseñado para analizar la situación del municipio chocoano 10 años después del crimen de guerra cometido el 2 de mayo de 2002.

Por ello, las organizaciones que convocaron el Foro (Diócesis de Quibdó, Comité Dos de Mayo, la Asociación Dos de Mayo, la Fundación Universitaria Claretiana y Human Rights Everywhere) instan a los altos funcionarios de Gobierno a viajar a Bellavista (cabecera del municipio de Bojayá) estos 1 y 2 de mayo para participar con propuestas concretas en la Mesa de Concertación convocada por las comunidades.

Tal y como se señaló en el Foro Bojayá, una década, Bojayá sigue esperando 10 años después de la masacre una restitución integral de sus derechos y un proceso de justicia que haga efectivas las sentencias y determine no sólo los responsables materiales del crimen de guerra sino las perversas conexiones entre política, economía y violencia armada que propiciaron el crimen de guerra y que siguen azotando a las comunidades del río Atrato.

El Comité 2 de Mayo de víctimas de Bojayá recordó ayer que hoy todavía hay casi 2.500 desplazados de la comunidad que no han regresado a casa, llamó la atención sobre los graves las secuelas físicas y psicológicas que han modificado la vida en estas comunidades para siempre, y alertó sobre el nuevo perfil del conflicto y las amenazas que éste supone para la vida de las personas. “Las víctimas no somos el problema, somos parte de la solución, somos parte de la construcción de un país incluyente y respetuoso con los derechos individuales y colectivos”, dijo en el Foro Herlyn Palacios, del Comité 2 de Mayo.

En El Foro Bojayá, una década, la Unidad de Víctimas del Gobierno Nacional habló de un proceso innovador y prioritario para la “restitución colectiva” en Bojayá, pero no especificó el cómo ni el cuándo. 10 años después, tal y como señaló en el Foro la Diócesis de Quibdó, “las comunidades siguen siendo militarizadas, sufriendo los estragos del desplazamiento forzado, confinadas, con serios problemas alimentarios y riesgo permanente de nuevos desplazamientos, sin empleo, sin acceso a educación de calidad, sin estructuras ni acceso a la salud…”.

Por esa razón, además de participar en los actos de conmemoración y hacerse la foto de rigor, las autoridades están obligadas a responder con seriedad y respeto a los reclamos de las víctimas y, en general, al grito de justicia del Atrato.

 

Firman:

Diócesis de Quibdó

Fundación Universitaria Claretiana

Human Rights Everywhere

Así fue la voz de Bojayá en Bogotá / Documentos íntegros

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La voz de las comunidades sonó con fuerza en el Foro Bojayá, una Década que se celebró ayer 27 de abril en Bogotá como apertura de la serie de eventos con los que se conmemora el crimen de guerra de 2002.

Herlyn Perea Chalá, líder y presentante del Comité 2 de Mayo de víctimas de Bojayá, leyó un análisis de la situación en la zona 10 años después de la masacre. «El conflicto en la región ha cambiado sus formas desde la masacre y las comunidades nunca volvieron a ser las mismas ni a recuperarse, ya que los sucesos no dan tiempo ni para comprenderlos, después de diez años de sufrimiento debemos estar atento para recibir el otro golpe. Es una cadena de muerte que no termina». Para leer el texto completo y/o descargarlo, hacer click aquí.

Luis Carlos Hinojosa, director de la Pastoral Social de la Diócesis de Quibdó

La Diócesis de Quibdó también hizo un completo y exigente análisis de la actitud del Estado y de los diferentes actores que han contribuido a generar la situación de inseguridad y miedo en el Medio Atrato. El texto, presentado ayer por el padre Luis Carlos Hinojosa, puede descargarse completo aquí. » Han pasado diez largos y difíciles años para los sobrevivientes de la masacre, en los cuales no se han sentado las bases de una política real de reparación a las victimas, por el contrario, y como lo dijimos anteriormente, las comunidades y sus territorio siguen siendo militarizados, sufriendo los estragos del desplazamiento forzado; confinadas, con serios problemas alimentarios y riesgos permanentes  de nuevos desplazamientos;  sin empleo, sin acceso a educación con calidad y en todos los niveles; sin estructuras ni acceso a la salud; sin electricidad sostenible; sin agua potable ni alcantarillado, sin recolección y  tratamiento a las basuras; sin escenarios recreativos idóneos y suficientes; sin vivienda digna y que pueda afrontar los embates de los desbordamientos de los ríos causados por la sedimentación, la  deforestación industrial, los taponamientos y desvíos fluviales creados por  la minería…».

Jaime Martínez, representante de los Cabildos Indígenas de Bojayá

Conozca las deudas que el Estado tiene con Bojayá

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Algo quedó claro en el Foro Bojayá, una década celebrado este 27 de abril en Bogotá: no ha existido una reparación integral para las comunidades de Bojayá en estos 10 años transcurridos desde el crimen de guerra del 2 de mayo de 2002.

Las asociaciones de víctimas y las comunidades están cansadas de las promesas falseadas y de las mentiras camufladas. Inversiones parciales, militarización, confinamiento… A pesar de ello, esta semana Bojayá hace un nuevo intento de negociación con el Estado y ha convocado a las instituciones a participar en la Mesa de Concertación del 1 de mayo en la comunidad de Bellavista, cabecera municipal de Bojayá.

Frente a las promesas generales del Gobierno, expresadas en el Foro por la Unidad de Víctimas, las Comunidades quieren recordarle a las instituciones algunos de los compromisos adquiridos y muchos de los incumplimientos.

Acá puede ver el listado completo por institución y temas. La restitución integral de los derechos de las y los pobladores de Bojayá pasan por temas como la interconexión eléctrica del Medio Atrato, la construcción de un hospital de primer nivel en Bellavista (comprometida desde 2004), la construcción de carreteras y el dragado de las bocas de varios ríos, el plan productivo, finalización de las obras pendientes en Bellavista, inversión educativa, la inversión en monumentos y en la reconstrucción del tejido social…

Como verán en el listado, es mucho lo que le falta por hacer el Estado que ahora dice querer restituir los derechos colectivos de un pueblo que ya ha dicho en muchas ocasiones qué quiere y cómo debe hacerse.

En este documento se compromete a 12 instituciones por parte de las siguientes organizaciones de Bojayá y del Medio Atrato: COMITÉ 2 DE MAYO, ADOM, AJUAP, COCOMACIA, LOS PALENKES, GUAYACAN, AMUCIB y CABILDOS INDIGENAS.